El marco legal nos
proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y
determinan el alcance y naturaleza de la participación política.
El marco legal
de una elección, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la
misma, regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias
y leyes interrelacionadas entre sí.
Su fundamento en muchos
países es La Constitución en tanto suprema legislación, que se complementa con
la legislación promulgada por un parlamento o legislatura donde se incluye una
ley electoral (leyes, que incluyen provisiones para el proceso electoral, el
financiamiento de campañas electorales y derecho de los ciudadanos al voto),
leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética,
dados a conocer por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos
vínculos con la materia electoral.
Dentro de las provisiones
legales se encuentran los lineamientos para determinar la estructura de la
administración electoral, las instrucciones destinadas a los administradores de
la elección sobre la forma en que deberán llevar a cabo su labor, y los derechos
y responsabilidades de los partidos políticos, los medios de comunicación, los
electores y demás participantes en una elección.
El marco legal faculta a la
autoridad electoral para que lleve a cabo las labores de administración de la
elección de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas
provisiones. Asimismo faculta a los partidos políticos para allegarse recursos
financieros y participar en las elecciones de acuerdo a las provisiones legales
establecidas. Y por último, asegura que los electores conserven sus derechos
políticos para la emisión del voto y la elección de sus representantes de
gobierno.
En muchos países, el marco
legal en materia electoral ha evolucionado en una compleja combinación de
estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real. Ciertas
legislaciones electorales pueden ser de nueva creación o estar actualizadas,
otras pueden basar su funcionamiento en estatutos obsoletos que están
desactualizados, pero que sin embargo aún están vigentes. Puede haber lagunas,
conflictos e inconsistencias entre las diferentes partes que dan forma a un
marco legal y en consecuencia al proceso electoral. En Argentina, por ejemplo,
el capítulo argentino de Transparencia Internacional encontró que había más de
90 secciones distintas de la legislación que tratan temas relacionados con el
tema del financiamiento de los partidos políticos.
Para efectos de integridad,
es muy importante revisar el diseño legal en su totalidad con el propósito de
entender el marco legal y para determinar cuando sea necesario la acción
correctiva necesaria, y de ser el caso, el tipo de acción definitiva que deba
tomarse.
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